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22/03/2017 | Categoría: CONFERENCIA IÑAKI ARRIOLA | Autor: CONFERENCIA IÑAKI ARRIOLA | 0 Comentarios
HACIA UNA POLITICA SOCIAL DE VIVIENDA
CONFERENCIA FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL. Bilbao, 22 de marzo 2017
“HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA”


Buenas tardes a todos y todas.

Como socialista, y más precisamente como socialista eibarrés, me satisface mucho abrir este ciclo de conferencias que organiza la Fundación que guarda la memoria y el legado de un socialista ejemplar: Ramón Rubial.

Entrando directamente en la materia de la conferencia, quiero explicar por qué la he titulado “Hacia una política social de vivienda”.

Lo he hecho porque, durante demasiado tiempo, la política de vivienda en nuestro país no ha sido, precisamente, una política social. Y somos herederos y pagamos las consecuencias de esa política de vivienda. Pero, afortunadamente, esto ha empezado a cambiar.

Dejadme que os lea un breve párrafo: “El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más (…). El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una vida digna”.

Suena bien, ¿verdad? Pues, este párrafo es el que encabeza la Exposición de Motivos de la Ley de Vivienda, aprobada el 18 de junio de 2015 por el Parlamento Vasco. Una ley que enlaza con los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000. Y que da contenido pleno al artículo 47 de la Constitución Española cuando reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y manda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

Pues bien. En Euskadi hemos convertido el acceso a una vivienda digna en un derecho ciudadano reconocido por la ley. Lo hemos elevado a un rango similar al que tienen derechos tan esenciales en un Estado social como la sanidad universal o la educación.
Este avance ha sido fruto del trabajo y de las aportaciones de muchas personas, pero quiero resaltar aquí que el proyecto original de esta ley se elaboró desde el Departamento que tuve la responsabilidad de dirigir en el Gobierno socialista del lehendakari Patxi López. Y que fue el Grupo parlamentario Socialista el que recuperó ese texto como proposición de ley, hace cuatro años, y el que puso todo su empeño en sacarlo adelante.
Por eso mismo, es una satisfacción –y no os oculto que es también un reto enorme- el que ahora nos haya tocado desarrollar las previsiones que contiene esta norma pionera desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
Para los socialistas, la vivienda no es solo un producto mercantil, un bien que se posee, se compra y se vende, y puede usarse o no usarse sin restricción alguna. La vivienda tiene también una función social, independientemente de cuál sea su régimen de propiedad, y es, precisamente, esa consideración de la función social de la vivienda, la que inspira y se recoge en nuestra Ley de Vivienda.

Es un cambio sustancial, que nos afecta a todos. Y no es casual que la impugnación presentada por el Gobierno del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional vaya contra aquellos aspectos de la ley que matizan el uso ilimitado de la propiedad de la vivienda; como es la regulación de la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, la regulación del concepto y registro de viviendas deshabitadas, así como el alquiler forzoso de éstas.
Pero, a pesar de ello, ha quedado a salvo el núcleo esencial de la norma: el derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada para cualquier persona que carezca de los recursos necesarios para conseguirla por sus propios medios. Y va a corresponder a nuestro Departamento garantizar que ese derecho se convierta en realidad.
¿Cómo vamos a hacerlo? Nuestro compromiso es que los reglamentos que deben desarrollar todos los aspectos de la ley vean la luz a lo largo de la presente legislatura. Estamos hablando de unas cuarenta materias, que habrá que agrupar para no crear una maraña normativa.
Pero el desarrollo al que vamos a dar más prioridad es, precisamente, el reglamento que va a regular el derecho subjetivo a la vivienda. Hasta ahora el reconocimiento de este derecho se está haciendo de forma provisional y gradual, según establece la disposición transitoria cuarta de la Ley:
-En el primer año de aplicación, en 2016, se reconoció a las unidades de convivencia de tres o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales.
-Este año se han incorporado las unidades familiares de dos miembros con ingresos de menos de 12.000 euros.
-Y a partir del próximo año se incorporarán las unidades de un solo miembro e ingresos inferiores a 9.000 euros. En todos los casos se exige que lleven como mínimo cuatro años inscritos como demandantes de vivienda en alquiler en el registro oficial de Etxebide.
Voy a daros algunos datos: En 2016 hubo 847 expedientes de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, que dieron lugar a la adjudicación de 488 viviendas en alquiler pertenecientes a los parques públicos del Gobierno. Porque la ley, con buen criterio, opta por el alquiler como la fórmula preferente para dar satisfacción a ese derecho.
Así mismo, se reconoció la prioridad en la adjudicación de vivienda a 123 solicitantes y se concedió a otros 22 la Prestación Económica de Vivienda (PEV); es decir la compensación de hasta 250 euros mensuales para ayudar al pago del alquiler cuando no es posible facilitar de forma directa una vivienda en alquiler social.
En total, 633 derechos subjetivos de vivienda puestos en práctica el año pasado.
En los dos primeros meses de 2017 se han iniciado 177 expedientes, que han llevado a la adjudicación de 75 viviendas en alquiler, al reconocimiento de prioridad en la adjudicación de vivienda a 40 solicitantes, y a 6 nuevos perceptores de la PEV. En total 121 derechos subjetivos de vivienda puestos en práctica entre enero y febrero.
Pero, mientras seguimos atendiendo las solicitudes que se presentan siguiendo esta vía transitoria, vamos a abordar inmediatamente la elaboración del decreto que debe desarrollar de forma definitiva el acceso al derecho a la vivienda, regulando los requisitos, las condiciones, y otras materias, como la integración de los derechos sociales que se derivan de la prestación complementaria de vivienda (PCV), asociada a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en la propia normativa de la Ley de Vivienda.
En el año 2016, 35.493 unidades convivencionales percibieron la PCV, por lo que integrarlas en único sistema va a ser todo un reto.

La opción por el alquiler
Como he señalado, el alquiler es la fórmula preferente que establece la Ley para satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda. Y para ello se establece que el 80% de los recursos públicos en materia de vivienda, exceptuando los de operaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, se destinarán a políticas de alquiler, no siendo inferior a ese porcentaje el volumen edificatorio de protección pública. A los cinco años, ese porcentaje del 80% debe pasar a ser del 100%.
La opción por el alquiler parece lo más justo y lo más razonable cuando se trata de satisfacer este derecho con recursos públicos. Pero es que, además, va en sintonía con las preferencias de la ciudadanía. En estos momentos, el 81,4% de las personas inscritas en el Registro de Etxebide como demandantes de una vivienda eligen el alquiler, frente al 18,6% que optan por un piso en propiedad. Hace diez años, la proporción era la inversa.
Similar panorámica refleja la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda 2015, donde, por primera vez en toda la serie histórica (que se remonta a 1990), el alquiler, con un 52,2%, supera a la opción en compra como fórmula de acceso a la vivienda.
Esto no debe suponer que el Gobierno Vasco abandone totalmente la promoción de vivienda de protección pública con destino a la venta, pero lo que, en todo caso, debemos garantizar, es que la promoción pública de vivienda protegida para la venta, como mínimo, ha de autofinanciarse, sin consumir recursos que necesitamos canalizar hacia los programas de alquiler.
En este sentido, para hacer efectivos los derechos sociales que incorpora la Ley de Vivienda es preciso darle un fuerte empujón a la planificación y programación de las políticas públicas de vivienda, que en los últimos años han estado muy paradas, porque los recursos destinados a ellas se han reducido a la mitad.
Calculamos que, hasta 2025, serán alrededor de 18.000 familias las que podrían acceder al derecho subjetivo de vivienda. Esto plantea la necesidad de duplicar en diez años el parque público en alquiler que disponemos en la actualidad. Así que calculad el esfuerzo que hay que hacer.
Éste es el desafío que tenemos que abordar desde este mismo año con el Plan Director de Vivienda 2017-2019, que se elaborará mediante un proceso participativo abierto a la aportación de la ciudadanía, aunque la primera piedra, todavía pequeña, la hemos puesto con el proyecto de Presupuestos para el 2017.
Para políticas de Vivienda vamos a disponer de 121,7 millones de euros, con un incremento del 11,7% en relación a 2016, que es el aumento porcentual más importante de cualquier área del Gobierno Vasco. Si se incorporan los presupuestos de las sociedades públicas Visesa (promoción de vivienda) y Alokabide (alquiler), el gasto disponible asciende a 324,1 millones de euros, un 9,5 % más.
Con estos recursos vamos a iniciar 900 viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales (ADAS): 400 de ellas en el marco del contrato programa de Visesa, 250 por iniciativa directa del Departamento y otras 250 de iniciativa local. De esas 900 viviendas, 720 serán en alquiler.
Como he comentado antes, en coherencia con nuestras convicciones y con el espíritu y la letra de la Ley, la estrategia fundamental para satisfacer el derecho a la vivienda es disponer de un parque público de alquiler suficiente, pero comprenderéis que no se puede hacer en tres años lo que otros países, que son referencia en este ámbito, llevan décadas haciendo.
Por eso, para poder atender de forma inmediata a ese derecho subjetivo, tenemos que combinar el incremento de la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, con la captación de viviendas deshabitadas de particulares para que las gestione Alokabide -el programa Bizigune- y la prestación económica para al pago del alquiler (PEV), que se da cuando no hay pisos disponibles.
Y, ello porque solo con la promoción directa de viviendas destinadas al alquiler, teniendo en cuenta los plazos de construcción y las cuantiosas inversiones requeridas, no podríamos atender a la demanda inmediata que estamos ya teniendo con la aplicación de la Ley de Vivienda.
Promover y edificar un alojamiento dotacional o una vivienda social nos cuesta 120.000 euros. Y desde que se inician los trámites para la construcción, se terminan las obras y puede entrarse a vivir, transcurren alrededor de tres años. Por poner un ejemplo, para construir mil pisos necesitaríamos 120 millones de euros y tardaríamos tres años en disponer de ellos.
Por su parte, movilizar un piso deshabitado a través del programa Bizigune cuesta al Departamento una media de 4.600 euros anuales. Mil pisos en alquiler en el Programa de Bizigune nos costarían 4,6 millones al año. Dado que se garantiza su mantenimiento en el programa durante 5 años, como mínimo, el coste medio de un piso en este periodo es de 23.000 euros. Haciendo cuentas sale que con 120 millones podríamos disponer de 5.217 pisos en alquiler a lo largo de cinco años.
Se trata, por tanto, de una solución realista para hacer frente a las necesidades a corto y medio plazo. Pero también es una fórmula socialmente rentable, porque moviliza un recurso inactivo (la vivienda vacía) a un coste inferior al del mercado, y es, además, medioambientalmente sostenible, al evitar que consumamos un recurso escaso en Euskadi: el suelo.
El número de viviendas vacías captadas a través del programa Bizigune se sitúa actualmente en 4.500, cuando en épocas anteriores, que ahora parecen lejanas, se llegó a superar los 5.100. Esta caída se debe, sin duda, a reducción que se aplicó en 2014 en la renta máxima que se paga a los propietarios (de 600 euros mensuales a los 450 euros actuales), y que se ha quedado algo escasa con la recuperación del mercado inmobiliario del alquiler.
Para intentar revertir esta situación, vamos a proceder a incrementar en las zonas donde tenemos mayor demanda, la renta máxima del programa Bizigune hasta los 525 euros mensuales, al tiempo que publicitaremos las ventajas que ofrece este programa a los propietarios: la garantía de cobrar puntualmente el alquiler y de recuperar el piso a los cinco años en perfectas condiciones.
El objetivo previsto es alcanzar este año las 5.200 viviendas en Bizigune y captar otras 300 a través del programa ASAP (alquiler seguro para inquilinos con ingresos más elevados que los requeridos en Bizigune). Para ello vamos a aumentar este año la partida destinada al programa Bizigune hasta los 24 millones de euros, un 23% más que en 2016.
Como es fácil de entender, gestionar estas políticas va a suponer un esfuerzo muy importante para el Departamento que dirijo; un esfuerzo adicional al que ya se viene desarrollando. Hay que tener en cuenta que tan solo Alokabide está gestionando actualmente 12.000 viviendas; unas viviendas cuyos destinatarios son, de forma general, personas con pocos recursos económicos, que pagan un alquiler social equivalente a un 30% de sus ingresos ponderados y que tendrían dificultades para acceder a una vivienda de alquiler en el mercado libre.
Teniendo en cuenta esta situación, una de nuestras primeras actuaciones fue poner en marcha un protocolo con los ayuntamientos para prevenir posibles desahucios en viviendas gestionadas por Alokabide, como consecuencia del impago no justificado y reiterado del alquiler. Un protocolo que involucra a los servicios sociales del municipio y también a las plataformas antidesahucios; si lo autoriza la persona afectada, para buscar entre todos soluciones y alternativas.
Porque debe quedar claro que el Gobierno Vasco no echa sin más de su piso. Al inquilino que se retrasa en el pago o no puede hacer frente a la renta por problemas justificados; al deudor de buena fe, para entendernos.
Siempre se intenta buscar un acuerdo que solucione el problema, y si, en última instancia, se llega al desahucio, ello se debe a que existe una situación de incumplimiento tal de las obligaciones del inquilino que hace que la situación sea insostenible. No olvidemos que desde el GV, estamos gestionando el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que creemos en la política de la vivienda social; precisamente por eso tenemos que ser justos y serios en nuestra gestión.
Resumiendo, en materia de alquiler, y de alquiler social, se trata de hacer políticas consistentes, regulares, constantes y metódicas, que nos aproximen a los estándares europeos que queremos alcanzar. Como decía antes, otros países llevan más de un siglo haciendo políticas de alquiler, y nosotros llevamos apenas 15 años, y con parones debido a la dura recesión económica que hemos sufrido. Por eso, no tenemos otra opción que la de perseverar por muchos años y gestionar con eficacia los recursos limitados que vamos a tener en nuestras manos.
La apuesta por la rehabilitación de vivienda y por regeneración urbanas.
Por otra parte, si el alquiler es la fórmula de acceso a la vivienda por la que opta decididamente la Ley de Vivienda de 2015, la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana constituyen otra de las apuestas estratégicas más relevantes de esta norma. Son también un objetivo y una prioridad que los socialistas vascos compartimos absolutamente.
La puesta en valor de la ciudad construida y la mejora de las condiciones de vida de la población, la eficiencia energética y el impulso a la accesibilidad están en plena sintonía con nuestro programa. Por otro lado, la regeneración de áreas urbanas degradadas en nuestras ciudades y pueblos tiene el efecto de limitar la ocupación de suelo, que es un recurso escaso en nuestra Comunidad.
Voy a dar algunas cifras en este sentido: Euskadi cuenta con el parque de edificios más antiguo de toda la Europa del Sur. De los 163.642 edificios existentes en la Comunidad Autónoma, el 43% está construido antes de 1961, según datos del Censo 2011.
Tenemos alrededor de 70.000 edificios con más de 50 años. En 2018 serán ya 72.000, y en 2020 se alcanzará la cifra de 89.000.
Y ya sabemos que, con esa antigüedad, lo habitual es que presenten problemas de conservación y mantenimiento, carencias de accesibilidad y seguridad, y un mal comportamiento en materia de eficiencia energética. En otras palabras, que van a requerir intervenciones de rehabilitación profundas y muy significativas para los próximos años, si es que no las necesitan ya.
Las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs) son un instrumento clave para impulsar las políticas de rehabilitación urbana en Euskadi; son una especie de la ITV de los coches, pero aplicada a las viviendas. Incorporan una triple visión en sus dictámenes al asociar e integrar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios, con la eficiencia energética y la accesibilidad.
El objetivo que plantea la normativa ITE (que refundiremos en 2017 para tener un único reglamento actualizado, en otro de los múltiples desarrollos de la Ley de Vivienda) resulta de una dimensión considerable. Según los datos de Euskoregite, para junio de 2018 tienen que haber pasado la ITE correspondiente 71.495 edificios.
El desafío es notable y vamos con cierto retraso, lo que nos va a obligar a redoblar los esfuerzos para sensibilizar a las comunidades de vecinos afectadas, y a colaborar muy estrechamente con los ayuntamientos, que es a quienes corresponde controlar la ejecución de las ITE en virtud de sus competencias de disciplina urbanística.
La accesibilidad y la eficiencia energética requieren de un mayor impulso público.
El hecho de que una parte importante de las necesidades de rehabilitación se concentre en las viviendas de mayor antigüedad, en las que residen también frecuentemente personas de más edad, hace que sean muy importantes los procesos de acompañamiento en la gestión de las ayudas, por lo que queremos simplificar y agilizar los trámites correspondientes.
Porque existe un alto nivel de desconocimiento en la población sobre las ayudas a la rehabilitación, tanto por la vía de las subvenciones directas desde las distintas administraciones, como por la vía de las desgravaciones fiscales. Así lo viene reflejando la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda.
Esta es la razón por la que vamos a poner en marcha una normativa reguladora de ayudas más acorde con las necesidades reales y todavía más alineada con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad que derivan de la UE (Horizon 2020).
En este año, uno de cada tres euros que vamos a gastar en vivienda será en actuaciones de rehabilitación de edificios y regeneración urbana. Pero no queremos quedarnos sólo en las intervenciones aisladas, ni siquiera a nivel de manzana o de edificio. Queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo: pretendemos, mediante la coordinación entre los agentes públicos y privados, abordar de forma sostenida intervenciones de rehabilitación, renovación y regeneración urbana de mayor entidad y visibilidad, abarcando ámbitos residenciales e incluso barrios enteros.
Cualquiera de los presentes tendrá en mente y conocerá de cerca ejemplos de áreas urbanas degradadas, donde sería necesario intervenir. Para llevar adelante ese cometido vamos a trabajar en la búsqueda de financiación estructural FEDER, como ya estamos haciendo en Sestao y hemos planteado en el barrio vitoriano de Coronación.
Insisto en la rehabilitación, porque no sólo contribuye a la modernización de nuestro parque de viviendas, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la revitalización del tejido urbano. Lo hago también porque tiene efectos multiplicadores en la actividad económica, en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo y en la generación de impuestos; y además, cada vez está más vinculada con la investigación e innovación aplicadas a los procesos de construcción.
No quiero cansaros más.
Estos son, a grandes líneas, los fundamentos de la política social de vivienda que vamos a desarrollar los socialistas desde el Gobierno Vasco.
Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Quedo ahora a vuestra disposición para intentar responder a cualquier observación o pregunta que queráis hacer sobre esta materia.
Eskerrik asko.


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